Conocerán medida de coerción contra policía que disparó a joven en La Romana
La Romana — El proceso judicial contra los dos agentes de la Policía Nacional implicados en el caso del joven herido de bala en el sector Villa Pereyra continúa avanzando, y este martes un juez conocerá la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. El caso ha generado gran atención en la comunidad romanense, donde familiares, vecinos y grupos sociales han exigido una investigación profunda y sanciones ejemplares.
El joven herido, Gabriel Armando de la Cruz Montás, de 26 años, resultó lesionado tras un incidente ocurrido durante una intervención policial en la calle Sagrario Díaz, esquina Sexta. De acuerdo con la versión de la familia, el disparo que lo alcanzó por la espalda se produjo luego de un choque entre las motocicletas del joven y de los agentes, situación que ha sido descrita como un uso desproporcionado de la fuerza.
Los dos policías involucrados son el raso Óscar Cruz Jiménez, de 25 años, y el sargento Yordan Encarnación Encarnación, de 30 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que se apoya en testimonios, reportes preliminares y la denuncia formal para sustentar la solicitud de coerción. La fiscalía ha indicado que busca garantizar que el proceso continúe sin interferencias y que los imputados respondan ante la justicia mientras se reconstruyen los hechos con exactitud.
La familia del joven insiste en que Gabriel no portaba arma alguna ni se resistió al accionar policial. Su padre ha afirmado que la actuación de los agentes fue injustificada y que la institución debe asumir responsabilidad por lo ocurrido. El joven permanece bajo cuidado médico, mientras la comunidad ha expresado preocupación por el aumento de casos de intervenciones policiales que derivan en lesiones graves.
La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación interna. El general Wandy Madé Montilla aseguró que la institución colaborará plenamente con las autoridades judiciales y que no tolerará conductas que violen los protocolos establecidos para el uso de la fuerza.
Mientras tanto, organizaciones locales y voces comunitarias en La Romana han pedido mayor transparencia y han solicitado que este caso se convierta en un precedente para revisar los procedimientos policiales y reforzar la capacitación sobre intervenciones seguras y respeto a los derechos ciudadanos.
La audiencia de medida de coerción definirá si los agentes enfrentarán prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, o alguna otra medida establecida por el Código Procesal Penal. Se espera que el tribunal tome en cuenta la gravedad de la acusación, el impacto social del caso y la necesidad de asegurar que la investigación prosiga sin presiones.