Red a la que se vincula a exregidor trajo "altas cantidades de drogas" por costas de Barahona
Santo Domingo — El Ministerio Público dominicano ha formulado graves acusaciones contra una red narcotraficante que, según sus investigaciones, introducía “altas cantidades” de drogas a través de las costas de Barahona, operando con una logística sofisticada que involucra a diferentes niveles operativos en el país. Entre los señalados figura el exregidor por Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (“Francis” o “El Compadre”), a quien se le atribuye un rol estratégico dentro de la organización ilícita.
En la documentación que sustenta la solicitud de coerción contra los implicados, se describe cómo la red operaba desde Sudamérica para transportar la droga hasta República Dominicana. Una vez en el país, el grupo utilizaba rutas marítimas para ingresar los estupefacientes por Barahona, para luego mover los cargamentos hacia puertos comerciales, entre ellos el Puerto Multimodal Caucedo. Para esto, se habrían contado con colaboradores dentro del puerto: transportistas, camioneros, empleados portuarios y personal de seguridad.
Dentro de los 16 detenidos se encuentra José Augusto Rodríguez Sánchez (alias “el Rubio”), considerado cabecilla de la organización, quien coordinaba la recepción, ocultamiento y transporte de la droga una vez que esta llegaba al país. También se ha identificado a Cleudi Zapata (“Pelota”), quien jugaba un papel clave como proveedora dentro de la red, además de reclutar a trabajadores del puerto para ocultar los estupefacientes dentro de contenedores destinados al comercio legal.
Para completar el entramado criminal, aparece Leandro Manuel Arias Santana (“Berni”), señalado como proveedor de la sustancia ilícita. Según el Ministerio Público, la red no sólo tenía alcance local, sino que sus operaciones se extendían a mercados en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que implica una cadena global de tráfico de drogas.
Además de las detenciones, las autoridades realizaron 34 allanamientos en distintas provincias del país, en los que se incautaron bienes vinculados a las ganancias ilícitas. Dentro de la lista de prófugos figura el ciudadano serbio Marco Popovic, así como varios dominicanos cuyos roles aún están siendo determinados por la fiscalía.
El Ministerio Público también señala que parte de los fondos generados por las operaciones de la red habrían sido invertidos en bienes de lujo y empresas fachada, en un aparente esquema de lavado de dinero que buscaba blanquear los ingresos provenientes del narcotráfico.
Por su parte, fuentes judiciales indican que las pruebas acumuladas incluyen interceptaciones telefónicas, seguimientos operativos y cooperación internacional, lo cual fortalece el caso de la acusación formal en contra de los involucrados.
Las implicaciones de esta red van más allá de una operación local: demuestran un uso estratégico del territorio dominicano —y en especial su litoral— para operaciones de narcotráfico transnacional, así como una infiltración en infraestructuras portuarias clave que facilitaban el movimiento de estupefacientes ocultos en contenedores de carga regular.
La Fiscalía ha anunciado que continuará profundizando las indagaciones, con el apoyo de organismos internacionales, para desmantelar completamente este entramado criminal y presentar ante la justicia a todos los involucrados. Mientras tanto, la sociedad dominicana observa con atención cómo se desarrolla este proceso, que podría exponer vínculos institucionales y redimensionar el debate sobre la seguridad portuaria y el crimen organizado.