Nuevo Informe sobre Fiscalidad y Gasto Tributario
El estudio de la Facultad de Cs. Económicas y Sociales de la UASD, elaborado por Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, muestra que en 2025 el Estado dominicano dejó de recaudar RD$383,566 millones en beneficios tributarios, los cuales de 2008 a 2025 ascendieron a 1,295 MILLONES DE MILLONES DE PESOS, concentrándose en beneficios impositivos al sector privado de zonas francas, generadores eléctricos, turismo y contratistas del Estado, sin evaluación de resultados ni análisis de costo-beneficio actualizados.
Así las cosas, el Estado deja de obtener los medios para financiar y garantizar derechos sociales y servicios básicos para el bienestar general, y se incrementan la pobreza y la desigualdad, mientras se tapa el hoyo de ingresos faltantes privatizando actividades, no aplicando la indexación al impuesto al salario, cargando el impuesto al consumo de bienes y servicios (como ITBIS y otros) y una deuda del Gobierno que ya ronda el 47% del PIB.
Esta situación beneficia exclusivamente a una minoría que no necesita del Estado y de una distribución justa de los impuestos y recursos, dado que en República Dominicana el 10% más rico se beneficia del 59.5% del PIB y el 1% más rico disfruta del 24.9%, lo cual es 6 veces más que la mitad de la población, que solo accede al 4.6% de la riqueza.
La solución de una reforma fiscal integral y justa se hace urgente, orientada a recaudar según la riqueza y capacidad de pago de cada quien, liberar de impuestos a los salarios y bienes y servicios indispensables, y disminuir la carga de una deuda creciente que privatiza el país y solo beneficia a la industria de bonistas privados, incluidos bancos y AFP.
- Un Estado que renuncia a recaudar y a cumplir
El gasto tributario es el ingreso por impuestos que el Estado deja de obtener. Para el periodo 2008 a 2025 se ha situado en promedio en 5.3% del PIB. Solo en 2025, el sacrificio fiscal estimado ascendió a RD$383,566 millones, monto que supera el presupuesto asignado de 10 ministerios para 2026 y supera la inversión de capital presupuestada para 2026 en RD$215,284.7 millones (2.5% del PIB).
Con ingresos tan bajos, la presión tributaria ronda 14–15% del PIB, muy por debajo de la meta 21.5% de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para 2026 y del promedio regional (23.5%).
Con esa capacidad fiscal, es imposible financiar bienestar y derechos y cerrar una brecha de desigualdad que tiene 2024 el 50% de la población dominicana de menores ingresos llegando a apenas el 4.6% de la riqueza, mientras el 10% más alto se beneficia del 59.5% y el 1% de más arriba en la sociedad disfruta del 24.9%…Esto es ¡6 veces más que la mitad de la población!
- Beneficios concentrados, costos socializados
Mientras la ciudadanía en general soporta altos impuestos al consumo y sobre sus ingresos por trabajo, el 40% del gasto tributario al sector privado beneficia a zonas francas; 21% a exenciones de combustibles de generadores; 8% a turismo; 5% a suplidores/constructoras del Estado. Estos beneficios persisten sin “fecha de vencimiento” y sin evaluaciones. Este gasto tributario privado acumula exenciones por RD$1,295 BILLONES (2008–2025), es decir, una suma que supera todos los ingresos corrientes de 2025.
Desde 2021, casi 1 de cada 3 pesos potencialmente recaudables se “sacrifica” por tratos preferenciales. No cobrar impuestos por tratos “a la medida” a sectores de poder se traduce en un Estado deficitario.
Con esta falta de financiamiento políticamente dirigida, se justifica la privatización “a troche y moche” en casi todos los sectores como pensiones, salud, electricidad, transporte, autopistas y muchos otros, dizque porque “el Estado” no puede y necesita al sector privado.
Ya se sabe: cuanto digan que el Estado dominicano hay que “achicarlo” y que el problema “son los impuestos”, diles que ya lo han achicado de sobra y, como siempre, no por eficiencia, sino para el beneficio de unos pocos.
- Tapando el hoyo
El hoyo se tapa violando la indexación al impuesto al salario de cerca de 400 mil trabajadores y trabajadoras que están pagando un impuesto que no debería existir, con un 60% de ingresos en impuestos al consumo de bienes y servicios que necesitamos, y con una deuda del Gobierno que ya supera los 60 mil millones de dólares, casi un 47% del PIB, cuyo pago drena más aún los recursos que deberían ser para el bienestar de la sociedad, y van a estar cargando hasta los nietos de los nietos de nuestros nietos.
Por ejemplo, mientras los asalariados pagan tasas de 15–25% y el ITBIS está entre los más altos de ALC, las rentas financieras pagan 10% (y en mercado de valores local hay exenciones relevantes), mostrando que la falta no es de recursos sino de cobrar a quien se debe. La deuda creciente, por su parte, como ya se ha mostrado en informes anteriores, solo beneficia a la industria de bonistas privados que ya son casi el 80% de los acreedores, incluyendo bancos y AFP dentro del país.
- Una reforma fiscal en serio
Esto se tiene que resolver con una reforma fiscal en serio. Que ponga a pagar a sectores como la hotelería, zonas francas, generación eléctrica, contratistas del Estado y negocios financieros, que llevan décadas beneficiándose con que “a menos impuestos, más trabajo”. La verdad es que, en 2024, cada empleo sostenido en el sector de las zonas francas implicaba un costo para el Estado dominicano de RD$197.1 millones; en el turismo RD$61.0 millones. ¿Es esto competitividad o subsidio encubierto?
Una reforma que elimine impuestos a los salarios de la clase trabajadora cuyo salario en su mayoría ni siquiera llega al costo de la canasta familiar, que rebaje el ITBIS, y recaude con impuestos directos a los sectores que más riqueza y ganancias acumulen. Que ponga un freno al endeudamiento, y que asegure y oriente los recursos a lo que dispone la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo, para garantizar derechos, bienestar y una prosperidad que debe llegar a todos y todas.