No se necesita permiso para marchar, pero sí notificar a las autoridades, aclara Antoliano Peralta
Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró en una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre que en República Dominicana no es necesario pedir permiso para realizar una marcha o protesta en la vía pública.
Sin embargo, señaló que existe un procedimiento administrativo que exige notificar a las autoridades para garantizar la seguridad de los manifestantes y de la ciudadanía en general.
“Lo real es que cuando un grupo de personas piensa usar la vía pública para una protesta o para una marcha, tiene el deber de informarlo al Ministerio de Interior y Policía, que es como decir a la Policía e incluso al Ayuntamiento”, explicó Peralta.
El funcionario enfatizó que esta notificación no debe interpretarse como una restricción del derecho a la protesta, sino como una medida de orden y seguridad. “No es un permiso, es una medida de carácter administrativo, porque la Policía tiene que tomar medidas de protección hasta de los propios convocantes a la marcha”, agregó.
Peralta ejemplificó la importancia de este protocolo mencionando eventos religiosos: “Supongamos que fuera una procesión religiosa, ¿no es bueno que 4,000 católicos o evangélicos marchen por una calle del centro de la ciudad de Santo Domingo, tomen la avenida Branlingor, sin que la Policía y el Ayuntamiento estén prevenidos?”.
Por esta razón, el consultor jurídico insistió en que las instituciones deben ser informadas con anticipación, ya que “el Ayuntamiento, que es el gobierno de la ciudad, deben estar informados de que eso va a pasar”.
Las declaraciones de Peralta surgen en el contexto de un debate sobre una reciente convocatoria a una marcha en Bávaro, donde el Ministerio de Interior y Policía emitió una “no objeción” a la movilización, generando dudas sobre la necesidad de autorización oficial para este tipo de manifestaciones.
En definitiva, las palabras del funcionario dejan claro que el derecho a protestar está garantizado en el país, pero su ejercicio debe cumplir con ciertos lineamientos administrativos para asegurar el orden público y la seguridad de los participantes.
