Se gasta cuatro veces más en atender la violencia de género que en prevenirla
Santo Domingo — Los datos del Ministerio de la Mujer correspondientes al período 2023-2025 revelan una realidad que organizaciones sociales y especialistas en género llevan años advirtiendo: en la República Dominicana se invierte mucho más dinero en atender las consecuencias de la violencia de género que en prevenirla. De acuerdo con un análisis de los presupuestos ejecutados entre enero y septiembre de esos tres años, el Estado destinó cuatro veces más recursos a la atención directa de víctimas que a iniciativas preventivas.
En total, la institución ejecutó RD$ 982.9 millones, de los cuales RD$ 785.9 millones se emplearon en servicios de apoyo —asistencia psicológica, representación legal, casas de acogida y acompañamiento en procesos judiciales—, mientras que apenas RD$ 197.1 millones se utilizaron para prevenir la violencia mediante campañas educativas, capacitaciones y programas de sensibilización en comunidades y centros educativos.
Dentro de estos programas preventivos se destacan talleres de igualdad de género, coordinación con entidades públicas para integrar la perspectiva de género en sus políticas, formaciones para servidores públicos, y acciones para empoderar económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad. No obstante, la magnitud de esos esfuerzos se ve limitada por el bajo presupuesto dedicado a prevención.
El economista Nelson Suárez afirma que esta desproporción refleja una política pública “reactiva” que actúa cuando la violencia ya ocurrió, en lugar de apostar por reducirla desde la raíz. “Seguimos invirtiendo en apagar fuegos, no en evitar que se produzcan. Así la violencia nunca disminuye”, señaló.
La situación también preocupa a organizaciones de asistencia a mujeres. Para Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), aunque los servicios de atención son imprescindibles, la falta de inversión sostenida en prevención provoca que el ciclo de violencia continúe en expansión. Asegura que sin un cambio cultural profundo —respaldado por campañas permanentes, educación obligatoria y acciones interinstitucionales—, los feminicidios y agresiones seguirán representando una emergencia nacional.
Mientras tanto, la demanda de atención sigue aumentando. Entre enero y septiembre, las casas de acogida del Ministerio de la Mujer brindaron cerca de 200,000 asistencias legales, psicológicas y de protección a mujeres en riesgo, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Sin embargo, las medidas de protección han disminuido: de 1,384 dictadas en 2023 se pasó a 1,023 en 2025, pese a que los casos de violencia siguen siendo persistentes.
Expertas consultadas señalan que invertir más en prevención no solo salvaría vidas, sino que también reduciría el gasto estatal a largo plazo. Países que han apostado por estrategias integrales —como educación afectiva desde primaria, programas de trabajo con agresores y campañas permanentes contra el machismo— han logrado reducir significativamente los índices de violencia.
Organizaciones feministas insisten en que el Estado dominicano debe reformular su hoja de ruta, aumentar el presupuesto destinado a la prevención y establecer políticas públicas que trasciendan los discursos del 25 de noviembre. “Cada peso no invertido en prevención es un riesgo que se multiplica”, advirtieron.