Compradores denuncian maniobras pseudojurídicas que paralizan proyecto de 400 viviendas en La Romana
Un grupo de compradores del proyecto habitacional ubicado en La Romana denunció este lunes que la construcción de unas 400 viviendas permanece paralizada desde hace meses debido a lo que califican como “maniobras pseudojurídicas” utilizadas por terceros para obstaculizar el desarrollo de la obra y generar incertidumbre entre las familias que ya pagaron o están pagando sus propiedades.
Según los adquirientes, personas vinculadas a supuestos reclamantes del terreno han presentado múltiples recursos legales sin fundamento sólido, con el objetivo —según ellos— de retrasar la continuidad del proyecto y forzar acuerdos económicos. Aseguran que estas acciones han provocado la suspensión temporal de permisos, inspecciones y procesos administrativos claves para la construcción.
Los afectados explican que muchos de ellos han invertido todos sus ahorros, han solicitado préstamos hipotecarios o están comprometidos con cuotas mensuales desde hace más de un año, confiando en que recibirían sus viviendas dentro del plazo estipulado. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando los retrasos se hicieron constantes y la obra terminó detenida.
“Estamos viviendo una pesadilla. No es justo que un grupo de personas use vacíos legales o documentos dudosos para frenar un proyecto que ya estaba avanzado y que representa el sueño de cientos de familias”, expresó uno de los compradores, quien pidió reserva de su nombre para evitar represalias.
Los denunciantes afirman que han solicitado reuniones con las autoridades municipales y organismos de regulación para pedir que se investiguen las demandas presentadas contra el proyecto, las cuales califican como tácticas dilatorias sin sustento. También solicitaron al Ministerio Público intervenir en el caso para determinar si existe algún tipo de estafa, fraude registral o tráfico de influencias detrás de la paralización.
Por su parte, ingenieros vinculados a la obra aseguran que la construcción se encontraba en un nivel significativo de avance y que cuentan con la documentación legal requerida. Sin embargo, reconocen que no pueden continuar mientras persistan los procesos abiertos que han generado una “parálisis técnica”, ya que cualquier avance podría ser objetado por las mismas partes que promueven los recursos judiciales.
Expertos en derecho inmobiliario consultados explican que en República Dominicana se ha vuelto cada vez más frecuente el uso de “maniobras pseudojurídicas”, es decir, acciones legales sin base sustancial pero diseñadas para detener proyectos, imponer negociaciones forzadas o generar presión económica sobre promotores y compradores. Señalan que estos conflictos tienden a extenderse durante meses o incluso años, afectando la seguridad jurídica del sector.
Mientras tanto, los adquirientes han anunciado que organizarán asambleas y posibles movilizaciones pacíficas para exigir una intervención estatal que permita destrabar el proyecto. Algunos temen que, si la situación no se resuelve pronto, podrían perder sus inversiones o enfrentar dificultades para continuar pagando cuotas de viviendas que no saben si recibirán.
“Queremos claridad, transparencia y que la justicia actúe. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras juegan con el futuro de nuestras familias”, afirmaron los afectados en un comunicado colectivo.
El caso continúa desarrollándose y se espera que en los próximos días las autoridades emitan nuevas informaciones sobre los pasos que seguirán para atender las denuncias y determinar la legalidad del proceso.