República Dominicana fortalece su sistema de integridad con ambicioso plan anticorrupción junto a la OCDE
Santo Domingo.– La República Dominicana continúa avanzando en el fortalecimiento de sus instituciones con la implementación de un ambicioso plan nacional anticorrupción, desarrollado en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de una estrategia integral orientada a elevar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
Esta iniciativa, que se ejecuta entre los años 2025 y 2026, contempla la creación del primer sistema nacional integral de integridad del país, el cual busca articular de manera coordinada a las distintas entidades públicas responsables de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. El proyecto incluye un diagnóstico profundo del estado actual de las políticas públicas vinculadas a la ética gubernamental, con el objetivo de identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora.
Los resultados de esta evaluación servirán como base para la formulación de una estrategia nacional anticorrupción liderada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), entidad encargada de coordinar las acciones del Estado en materia de integridad. Esta estrategia estará alineada con las mejores prácticas internacionales promovidas por la OCDE y otros organismos multilaterales.
De acuerdo con los análisis preliminares, el país ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de su marco normativo, especialmente en áreas como el financiamiento de partidos políticos, la regulación de conflictos de interés y la promoción de la transparencia administrativa. Sin embargo, también se han identificado desafíos importantes en la implementación efectiva de estas normativas, lo que evidencia la necesidad de consolidar mecanismos más robustos de supervisión y cumplimiento.
Entre los principales retos señalados se encuentran la falta de regulación específica del cabildeo, las limitaciones en los procesos de verificación de declaraciones juradas de patrimonio y la necesidad de mejorar la transparencia en la publicación y fiscalización de los informes financieros de campañas electorales. Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una mayor independencia en los órganos de control.
En respuesta a estos desafíos, el gobierno dominicano ha reafirmado su compromiso con la adopción de un enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción, priorizando la educación en valores, la digitalización de los servicios públicos y el uso de tecnologías para mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos. Estas acciones buscan reducir los espacios de discrecionalidad y aumentar la eficiencia en la gestión pública.
El acuerdo de cooperación con la OCDE también contempla el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países miembros, así como la asistencia técnica para la implementación de políticas innovadoras en materia de gobernanza pública. Este acompañamiento internacional representa un paso clave en el proceso de modernización del Estado dominicano.
Con este plan, la República Dominicana aspira a consolidar un modelo de gestión pública más transparente, eficiente y confiable, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de fortalecer la confianza en las instituciones. La iniciativa se posiciona además como un elemento fundamental para atraer inversión extranjera, mejorar la competitividad del país y garantizar un desarrollo sostenible basado en la integridad y el cumplimiento de la ley.