• 29 agosto, 2023

Colegio de Abogados interpone denuncia penal por desvío de más de tres mil millones de pesos de las pensiones de los trabajadores en compra de acciones de César Iglesias, S.A

Colegio de Abogados interpone denuncia penal por desvío de más de tres mil millones de pesos de las pensiones de los trabajadores en compra de acciones de César Iglesias, S.A

Se acusa a superintendente de pensiones de autorizar inversión de alto riesgo en empresa que reportó pérdidas por RD$575 millones.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso formal denuncia en contra del superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores, por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó perdidas por más de 500 millones pesos en 2022.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, denunció que los estados auditados a diciembre del 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo FITCH, dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con pronóstico negativo de mayo del presente año.

Surun Hernández indicó que se trata de un operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.

“Por su naturaleza, sobre todo el pésimo estado financiero de la empresa César Iglesias, esta operación coloca en grave riesgo parte importante del fondo de las pensiones de más de tres millones de trabajadores afiliados al Sistema de Capitalización Individual, por una inversión con muy pocas perspectivas de retorno, y fuertes probabilidades de pérdidas, que solo las Administradoras de Fondos de Pensiones se atrevieron a realizar con dinero ajeno, el dinero de ahorro de los trabajadores”, manifestó Surun Hernández.

El gremialista indicó que “infructuosamente” la compañía colocó en venta dicha acciones en junio y diciembre del 2020, sin que se lograra dicha venta.

“Lo grave del caso es que contrario a lo que se ha externado, las más de 27 mil acciones adquiridas irregularmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones Reservas, Crecer y Siembra, representan menos del 25% del capital social de César Iglesias, S.A., quedando sus actuales propietarios con el 70% y con el poder de administración de dicha empresa, lo que torna aún más difícil la recepción de beneficios, no solo porque se trata de una empresa cuyos números al 2022 reflejan pérdidas astronómicas, sino que en el lejano e hipotético caso que hayan beneficios, su distribución o no, dependerán de los accionistas mayoritarios, que han sido poco proclives a entregar beneficios a accionistas minoritarios”, agregó.

El presidente del gremio de los abogados calificó como negativo y cuestionable el uso de los recursos de las pensiones, sin realizar una consulta popular a los dueños de ese dinero que son los trabajadores y generando una compra casi inmediata en tan sólo 10 días del 70 por ciento de las acciones emitidas por César Iglesias, una empresa con múltiples deudas a corto y largo plazo, por lo que solicitó una investigación de los funcionarios y empresarios involucrados en esta transacción.

El Card requiere que sean investigados no sólo el superindendente de Pensiones, sino además la posible participación de ejecutivos y relacionados las AFP y de César Iglesias, S.A., por esta compra de acciones, muy especialmente en lo relativo a los dudosos estados financieros presentados durante dicha operación, correspondientes al primer semestre de la empresa, los cuales aseguran, difieren de la realidad planteada en los estados auditados a diciembre del 2022.

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