DGCP suspende registro de proveedores a 264 nuevos alcaldes y regidores por violar el artículo 14 de la Ley 340-06
Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión de 264 registros de proveedores del Estado a igual número de funcionarios municipales, dígase, alcaldes y regidores que asumieron el pasado 24 de abril.
República Dominicana tiene 158 alcaldes; 1,164 regidores; 235, directores; 735 vocales; 158 vicealcaldes; 1,164 suplentes y 235 subdirectores.
De acuerdo al artículo 14 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, las autoridades municipales, como son los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
También exhortó a los funcionarios congresuales que serán juramentados este 16 de agosto, y que figuran como proveedores del Estado de manera directa o indirecta, a que suspendan voluntariamente sus registros ya que de lo contrario lo hará la entidad que dirige pues, ya están identificados.
“Si usted es senador o diputado electo, con registro de proveedor del Estado, solicite su suspensión usted mismo, de lo contrario nosotros el lunes 19 de agosto lo estaremos suspendiendo porque ya lo tenemos identificados”, expresó durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
En términos generales, Pimentel precisó que por primera vez en la historia de la institución se han suspendido cerca de 500 registros de proveedores del Estado a diputados, senadores, alcaldes, directores distritales, regidores y vocales en todo el país.
“Hemos contribuido a generar confianza porque por primera vez en la historia, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha suspendido, en caso de registros proveedores, a casi 500 proveedores que su composición accionaria se encuentra en el régimen de incompatibilidad”, dijo.
De igual forma, señaló que nunca antes se habían inhabilitado, como hasta ahora, a 100 proveedores por registrar documentaciones falsas en el proceso de licitación.
Pimentel señaló que, al ejecutar el programa de “Práctica de la debida diligencia” se han podido detectar riesgos reputacionales, así como conflictos de intereses, permitiendo con ello velar por la integridad de los procesos.
Así también, destacó la instalación del programa de cumplimiento en el sistema de contrataciones, con el que tienen presencia en 17 instituciones y dos fideicomisos.
Resaltó el nivel de coordinación, intercambio y colaboración entre los órganos judiciales con responsabilidad de prevención de control y de investigación de la corrupción, para con la DGCP.
Pimentel se hizo acompañar de Carlos Romero, director de Gestión del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, Katherine Gutiérrez, encargada de Normas y Procedimientos, y Jennifer Polanco, encargada de Verificación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.