Las mujeres van desplazando a los hombres en el sistema de justicia en RD
Las mujeres no sólo constituyen la mayoría de la matrícula de jueces de carrera a nivel nacional con un 63.3 %, sino que lideran también la composición en ocho de los once departamentos judiciales, confirma un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Hasta junio de ese año en la administración de justicia en los once departamentos judiciales hay 731 jueces de carrera entre ellos 463 son mujeres y 268 hombres.
El estudio del PNUD precisa que en el departamento de Santo Domingo hay 97 jueces, de los cuales 64 son mujeres y 33 hombres. El del Distrito Nacional tiene 159 jueces entre ellos 106 son mujeres y 53 hombres; mientras en Santiago tiene 84 jueces entre ellos 53 mujeres y 33 hombres.
El PNUD también precisó que las mujeres no solo dominan como jueces sino que en los registros administrativos hasta noviembre del año 2025, las mujeres representaban 62.4 % de la nómina en el Distrito Nacional, 68.0 % en Santo Domingo, 64.6 % en Santiago, 68.1 % en San Pedro de Macorís, 67.7 % en La Vega, 71.5 % en San Cristóbal, 65.9 % en San Francisco de Macorís, 55.0 % en Barahona, 74.6 % en Montecristi, 60.0 % en San Juan de la Maguana y 71.1 % en Puerto Plata.
En total existe una participación femenina de 65.2 % en la nómina por departamento judicial.
Con relación a la Suprema Corte de Justicia, actualmente en el pleno cuenta con 5 mujeres entre sus 17 integrantes, equivalente al 29.41 %. En el Consejo del Poder Judicial hay 3 magistradas de los 5 integrantes.
Finalmente el PNUD dijo que el paradigma de la justicia centrada en las personas, la presencia física de las mujeres en la judicatura no es un fin en el informe de justicia y desarrollo humano en la República Dominicana 2026, ya que el mismo no garantiza de forma automática un sistema judicial inclusivo.
Dice el PNUD que la transversalización del enfoque de género en la justicia requiere una transformación cultural profunda, sustentada en una formación especializada, protocolos de trato digno, criterios jurisprudenciales con perspectiva de género y derechos, mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y una arquitectura organizacional capaz de identificar y de construir activamente los sesgos y estereotipos de género en el acto de juzgar.