Entra en vigor el nuevo Código Penal con nuevas sanciones y más de un centenar de delitos incorporados
Santo Domingo, República Dominicana.– A partir de este lunes entró en vigencia el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una legislación que marca un cambio significativo en el sistema de justicia penal del país al introducir nuevos tipos delictivos, modificar sanciones y actualizar disposiciones que buscan responder a las necesidades actuales de la sociedad.
La normativa comenzó a aplicarse tras cumplirse los plazos legales establecidos luego de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, sustituyendo disposiciones que permanecieron vigentes durante décadas y modernizando el marco jurídico en diversas áreas.
Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de nuevos delitos y el endurecimiento de las penas para determinadas conductas. Asimismo, el nuevo Código contempla cambios relacionados con la libertad de expresión, la protección de la privacidad, los delitos de corrupción administrativa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otras figuras que no estaban claramente reguladas en la legislación anterior.
Uno de los aspectos más destacados es la tipificación de la estafa agravada, la cual será castigada con penas de cinco a diez años de prisión. La disposición incluye de forma expresa la venta o promesa de inmuebles en plano luego de haber recibido pagos parciales o totales de los compradores, una práctica que durante años provocó múltiples denuncias y perjuicios económicos a cientos de familias dominicanas.
Además de fortalecer las sanciones para diversas infracciones, el nuevo Código busca ofrecer mayores herramientas al sistema judicial para perseguir delitos complejos y garantizar una mejor protección de los derechos de las víctimas, al tiempo que establece responsabilidades más claras para personas físicas y jurídicas involucradas en hechos punibles.
La entrada en vigor de esta legislación representa uno de los cambios más importantes en materia penal de los últimos años y tendrá un impacto directo en la labor de jueces, fiscales, abogados, organismos de investigación y demás actores del sistema de justicia, quienes deberán aplicar las nuevas disposiciones en los procesos que correspondan conforme a la ley.