Reportes oficiales registran 1,556 robos y 33 homicidios en siete días en República Dominicana
Santo Domingo.- Los recientes reportes de análisis criminalístico de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) reflejan que la inseguridad continúa siendo uno de los principales temas de preocupación en el territorio dominicano, con miles de hechos delictivos registrados durante un período de siete días correspondiente a las primeras dos semanas de septiembre.
De acuerdo con las estadísticas citadas en los informes, durante ese lapso fueron contabilizados 1,556 robos, distribuidos entre diferentes modalidades delictivas. El registro incluye 273 asaltos, 882 robos simples, 102 arrebatos de pertenencias y 78 casos relacionados con roturas o penetraciones a residencias.
Los datos muestran que los robos simples constituyeron la mayor cantidad dentro del conjunto de delitos contra la propiedad reportados durante esos siete días, mientras que los asaltos representaron otra parte importante de los casos registrados por las autoridades.
A estos hechos se suman 33 homicidios y 67 personas heridas contabilizados durante el mismo período, de acuerdo con los reportes de análisis criminalístico. De las muertes registradas, 12 fueron clasificadas por las autoridades como ocurridas en “acciones legales”, denominación utilizada para referirse a casos relacionados con intercambios de disparos durante actuaciones policiales.
Las autoridades han señalado, al mismo tiempo, que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se mantiene por debajo de la registrada durante 2025. Esta comparación corresponde a la medición oficial utilizada por los organismos de seguridad para evaluar la evolución de los homicidios en el país.
El panorama delictivo registrado durante esas jornadas también ha coincidido con casos que han generado atención pública debido a que las víctimas pertenecen a distintos sectores de la sociedad. Entre los hechos reportados recientemente figuran incidentes que han afectado tanto a residentes de sectores populares como a funcionarios, diplomáticos y figuras conocidas de la opinión pública.
Uno de los casos que ha llamado la atención fue el asalto ocurrido en la residencia del artista Julián Oro Duro, en el que falleció su esposa, Zenaida Socorro Castillo. También fue reportado un intento de asalto contra Holi Matos, embajador del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocurrido en el sector Evaristo Morales, en el Distrito Nacional.
Ante este escenario, sectores de la sociedad han planteado la necesidad de reforzar las acciones destinadas a enfrentar los delitos y mejorar las condiciones de seguridad. Representantes de la Iglesia católica también han expresado preocupación por la situación y han solicitado respuestas de las autoridades frente a la percepción de inseguridad existente.
El sacerdote Fray Jorge Jiménez, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, consideró que el tema requiere acciones concretas y no solamente discusiones. Desde el Ministerio de Interior y Policía se ha planteado la participación de representantes religiosos y comunitarios en espacios de diálogo relacionados con la seguridad ciudadana.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha reiterado que los agentes tienen la responsabilidad de perseguir a quienes cometan delitos y mantener el control en las comunidades. Sus declaraciones se producen mientras la institución desarrolla operativos y acciones de persecución contra personas vinculadas a hechos delictivos.
Las cifras correspondientes a los siete días ofrecen una radiografía puntual de los hechos registrados durante ese período, aunque no necesariamente representan por sí solas la tendencia general de la criminalidad durante todo el año. La tasa de homicidios y otros indicadores oficiales son utilizados por las autoridades para realizar comparaciones entre distintos períodos.
El debate sobre la seguridad ciudadana continúa así en el centro de la atención nacional, mientras las instituciones responsables mantienen operativos, investigaciones y mecanismos de coordinación para enfrentar los robos, asaltos y otros delitos que afectan a la población.