Imponen tres meses de prisión preventiva a acusado de destruir cinco medidores eléctricos en Imbert
Puerto Plata.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra Rine Liranzo García, acusado de destruir cinco medidores eléctricos y agredir físicamente a un residente del municipio de Imbert, en un caso que las autoridades califican como un atentado contra el Sistema Eléctrico Nacional.
La medida fue dictada luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), al considerar que existen elementos suficientes que vinculan al imputado con los hechos ocurridos el pasado 6 de julio en el sector El Club, de Imbert.
Según el expediente, alrededor de las 7:00 de la mañana, Liranzo García habría utilizado un palo de madera para destruir intencionalmente cinco medidores de energía pertenecientes a residentes de la comunidad. Durante el incidente, también habría agredido a uno de los propietarios de los equipos, causándole lesiones certificadas mediante una evaluación médico-legal.
El imputado enfrenta cargos por presunta violación al artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que contempla penas de tres a diez años de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos para quienes destruyan o dañen deliberadamente equipos e instalaciones del sistema eléctrico nacional.
El tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos, los daños ocasionados al patrimonio, el impacto sobre la prestación del servicio eléctrico y la falta de arraigo suficiente del acusado para garantizar su presencia durante el proceso, por lo que dispuso la prisión preventiva como medida de coerción.
Las investigaciones fueron reforzadas con la intervención de la Dirección de Seguridad Física de Edenorte Dominicana, cuya actuación permitió localizar y arrestar al imputado para ponerlo a disposición de la justicia.
Durante la audiencia, Edenorte estuvo representada por la abogada Luisa Rosa García Polanco, mientras que la PGASE estuvo representada por el magistrado Sandy Bencosme.
Tras la decisión judicial, Edenorte reafirmó que continuará impulsando acciones legales contra quienes atenten contra la infraestructura eléctrica, al advertir que estos actos generan pérdidas económicas al Estado, aumentan los costos de reposición de equipos y afectan la estabilidad y continuidad del servicio que reciben miles de usuarios.