Trump firma dos nuevas medidas contra el "turismo de parto" y la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.
Washington, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos nuevas medidas ejecutivas como parte de su política migratoria, enfocadas en restringir el denominado "turismo de parto" y limitar el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en determinadas circunstancias.
Las disposiciones forman parte de una nueva ofensiva de la administración estadounidense para endurecer los controles migratorios y modificar aspectos relacionados con la aplicación del principio de ciudadanía por nacimiento, un tema que ha generado un amplio debate jurídico y político en el país.
Una de las medidas busca reforzar los requisitos para la emisión de visas cuando existan indicios de que una persona viaja a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz y obtener beneficios migratorios para el recién nacido. La administración sostiene que esta práctica representa un uso indebido del sistema de inmigración y de las visas de turismo.
La segunda iniciativa está orientada a redefinir la interpretación de la ciudadanía por nacimiento, argumentando que no todas las personas nacidas en territorio estadounidense deben adquirir automáticamente la nacionalidad, especialmente cuando sus padres se encuentran en el país de manera irregular o con un estatus migratorio temporal.
Las acciones podrían enfrentar una serie de impugnaciones judiciales, ya que diversos expertos constitucionales y organizaciones defensoras de los derechos civiles sostienen que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que cualquier modificación sustancial requeriría un amplio respaldo legal y podría terminar siendo evaluada por los tribunales.
Por su parte, la Casa Blanca aseguró que las medidas buscan fortalecer el sistema migratorio, combatir posibles abusos y garantizar que las leyes de inmigración se apliquen de manera estricta, en línea con la agenda de seguridad fronteriza impulsada por la administración Trump.
El anuncio ha generado reacciones divididas entre sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en inmigración, quienes anticipan que las nuevas disposiciones serán objeto de intensos debates tanto en el ámbito legal como en el político.