Juez Rigoberto Sena impone medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en caso SeNaSa 2.0
Santo Domingo.— El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la noche de este domingo las medidas de coerción contra los imputados en el caso SeNaSa 2.0, disponiendo prisión preventiva, arresto domiciliario y otras medidas menos gravosas, mientras dos de los procesados quedaron sin medidas de coerción.
La decisión fue comunicada después de una extensa jornada judicial y el magistrado subió al estrado alrededor de las 9:05 de la noche, para posteriormente dar a conocer su decisión poco antes de las 10:00 de la noche.
De acuerdo con las informaciones posteriores a la audiencia, siete de los imputados deberán cumplir prisión preventiva, mientras que nueve fueron enviados a arresto domiciliario. Otros seis recibieron medidas de coerción consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Asimismo, dos de los 26 imputados quedaron sin ningún tipo de medida de coerción, por lo que en total fueron impuestas medidas a 24 personas vinculadas al proceso judicial.
La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público y los abogados de la defensa agotaran sus respectivos argumentos durante una audiencia que se extendió por varias horas. Inicialmente, el órgano persecutor había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados que consideraba con mayores niveles de responsabilidad y la declaratoria de complejidad del proceso.
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público modificó parcialmente su solicitud tomando en consideración la colaboración de varios de los imputados. Según explicó el director general de Persecución, Wilson Camacho, algunos reconocieron los hechos que les atribuye la investigación, expresaron arrepentimiento y ofrecieron disculpas ante el tribunal.
Como consecuencia de esa colaboración, el órgano acusador solicitó que a determinados procesados se les impusiera arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, aunque aclaró que los acuerdos o reconocimientos no significan el cierre del proceso ni eliminan la responsabilidad que eventualmente pueda determinarse en los tribunales.
Entre quienes deberán cumplir prisión preventiva figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En el caso de las mujeres a las que se les impuso prisión preventiva, la medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Entre ellas se encuentran Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, según los reportes sobre la decisión judicial.
Por otro lado, nueve imputados fueron favorecidos con arresto domiciliario, mientras que Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo recibieron las medidas alternativas de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso SeNaSa 2.0 constituye la segunda fase de una investigación relacionada con presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Ministerio Público sostiene que las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a RD$40 millones.
Entre las acciones que forman parte de la investigación se encuentran, según lo presentado durante la audiencia, presuntas alteraciones o falsificaciones de expedientes médicos, facturación de servicios de salud que no habrían sido prestados y utilización irregular de datos vinculados con la aseguradora estatal.
Con la imposición de las medidas de coerción, el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales, mientras el Ministerio Público desarrolla la investigación y las defensas de los imputados mantienen sus respectivas posiciones frente a las acusaciones.
La decisión del juez también establece el marco procesal bajo el cual los imputados deberán permanecer durante el avance de la investigación, sin que las medidas de coerción representen por sí mismas una declaración de culpabilidad. La determinación definitiva sobre la responsabilidad penal corresponderá a las etapas posteriores del proceso judicial.