Estados Unidos revoca visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción
Washington.- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció la revocación o restricción de visas a funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción, narcotráfico o de socavar gobiernos elegidos democráticamente.
El Departamento de Estado informó que la medida alcanza a 27 personas y sus familiares, como parte de una política que Washington presenta como un mecanismo para defender la gobernabilidad democrática y combatir actividades relacionadas con la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados. Entre ellos se encuentra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además del exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
También figuran entre los bolivianos afectados el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz Alberto Zeballos y el coronel de Policía Frans William Cabrera, entre otros funcionarios y exfuncionarios.
En el caso de Mariaca, el Gobierno estadounidense lo acusa de haber utilizado su posición para solicitar y aceptar sobornos con el propósito de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y de favorecer a personas involucradas en delitos violentos. Estas son acusaciones formuladas por Washington y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de culpabilidad.
El Departamento de Estado justificó la medida bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al señalar que las personas sancionadas habrían realizado actividades de corrupción o relacionadas con el narcotráfico que, según Washington, afectan a gobiernos democráticamente elegidos.
La decisión también alcanza a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú. Entre los afectados figuran la senadora colombiana Martha Peralta y el empresario Euclides Torres, así como un juez peruano y dos ciudadanos ecuatorianos.
El Gobierno estadounidense afirmó que la acción forma parte de sus compromisos para combatir la corrupción y el narcotráfico en el continente, en el marco de la iniciativa conocida como Escudo de las Américas.
Tras conocerse las sanciones, autoridades bolivianas anunciaron que solicitarán a Estados Unidos información adicional y elementos probatorios sobre las acusaciones formuladas contra sus funcionarios, al considerar que se trata de señalamientos de gravedad.
La medida representa una nueva utilización de las restricciones de visado por parte de Washington como instrumento de política exterior y de presión contra funcionarios extranjeros señalados por actividades que, según el Gobierno estadounidense, afectan la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas.