Envían a juicio de fondo a seis acusados de violación grupal contra joven de 21 años en Villa González
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago acogió la acusación del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva para cinco de los imputados. El sexto continuará bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
SANTIAGO, República Dominicana.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago dictó auto de apertura a juicio de fondo contra seis hombres acusados de participar en una presunta violación sexual grupal contra una joven de 21 años, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en el municipio de Villa González, provincia Santiago.
La decisión fue adoptada por la magistrada Ilka María Méndez Sosa, quien acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, al considerar admisible el expediente que atribuye a los procesados la presunta comisión de varios delitos relacionados con agresión sexual, violencia contra la mujer y difusión de imágenes por medios electrónicos.
Con esta disposición, el proceso judicial pasa a una nueva etapa, en la que un tribunal de fondo deberá conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía, escuchar los argumentos de las partes y determinar, mediante una sentencia, si los acusados tienen responsabilidad penal por los hechos que se les imputan.
La decisión representa un avance en un caso que ha generado preocupación por la naturaleza de las acusaciones y por las circunstancias en que, según el expediente del Ministerio Público, habría ocurrido la agresión contra la joven.
Cinco imputados permanecerán en prisión preventiva
Durante la audiencia preliminar, la jueza ratificó la prisión preventiva contra cinco de los imputados, al considerar que permanecen vigentes las condiciones que motivaron la imposición de esa medida de coerción, incluido el riesgo de fuga.
Los procesados que continuarán bajo prisión preventiva son José Alfonso Rubiera Rodríguez, conocido como Fonso; Edwin Manuel Castro Guzmán, alias El Guaro; Javier Eduardo Núñez Toribio, también identificado como Javier Núñez y conocido como Bebé; Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras, y Yamir Fernando Pérez Toribio, conocido como Ferrere.
En tanto, Delfri de Jesús Rodríguez, identificado como Yiyo, continuará sujeto a garantía económica, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional sin autorización judicial.
La situación procesal de los seis imputados fue evaluada por el tribunal como parte de la audiencia en la que se examinó la acusación y se determinó que el expediente reunía las condiciones para avanzar hacia el juicio de fondo.
Las medidas de coerción tienen como finalidad garantizar la presencia de los procesados durante el desarrollo del procedimiento judicial y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
El Ministerio Público sostiene que la joven fue trasladada a una vivienda
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del 17 de marzo de 2025, después de que la joven acudiera junto a una amiga a un centro de diversión situado en la comunidad de Palmar Abajo, en Villa González, donde compartían bebidas alcohólicas.
El expediente establece que, cuando la joven comenzó a sentirse indispuesta, dos de los señalados se ofrecieron a trasladarla a un centro de salud para que recibiera asistencia médica.
Sin embargo, según la versión de la Fiscalía, los hombres no la llevaron al establecimiento sanitario, sino que la trasladaron a una residencia ubicada en la comunidad de La Javilla, donde se encontraban los demás imputados.
El Ministerio Público sostiene que, una vez en la vivienda, los procesados aprovecharon el estado de vulnerabilidad e indefensión de la joven para cometer la agresión sexual que se les atribuye.
La acusación también señala que no todos los involucrados habrían desempeñado el mismo papel durante los hechos y atribuye a cada uno una presunta participación que deberá ser examinada durante el juicio.
Estos señalamientos forman parte de la teoría del caso presentada por los fiscales y tendrán que ser sustentados con las pruebas admitidas por el tribunal. Corresponderá al órgano jurisdiccional determinar la responsabilidad individual de cada acusado, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La acusación incluye delitos sexuales y de alta tecnología
La jueza Ilka María Méndez Sosa acogió los cargos presentados por el Ministerio Público, que incluyen presuntas violaciones a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal dominicano, relacionados, según la calificación jurídica formulada por la Fiscalía, con asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer y violación sexual.
Asimismo, la acusación incluye disposiciones de los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por hechos relacionados con la reproducción o distribución de imágenes y otras conductas que el Ministerio Público atribuye a los procesados.
La inclusión de estos cargos responde a los elementos que las autoridades dicen haber recopilado durante la investigación y que deberán ser examinados en la fase de juicio.
Entre las evidencias mencionadas en las informaciones sobre el expediente figuran materiales audiovisuales que habrían circulado mediante grupos de WhatsApp y plataformas digitales. La Fiscalía atribuye importancia a esos elementos dentro de la investigación, aunque su alcance probatorio y su relación con la responsabilidad individual de los acusados deberán establecerse conforme a las reglas del proceso penal.
La difusión de materiales relacionados con hechos de violencia sexual también plantea preocupaciones sobre la privacidad y la dignidad de las víctimas, por lo que resulta fundamental evitar la reproducción de imágenes íntimas o de contenidos que puedan contribuir a su identificación o revictimización.
Investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Santiago
Las pesquisas fueron realizadas por un equipo interdisciplinario de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, con la colaboración de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional, conocida como Dicrim.
La investigación procuró reconstruir las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los presuntos participantes y reunir los elementos necesarios para sustentar la acusación ante los tribunales.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal litigante Yajaira Morel presentó la acusación y los fundamentos que llevaron al Ministerio Público a solicitar que los seis procesados fueran enviados a juicio.
Tras examinar el expediente, la magistrada acogió la acusación y dispuso la apertura a juicio, decisión que permite que las imputaciones sean conocidas en una etapa procesal destinada a la presentación y valoración de las pruebas.
La apertura a juicio no equivale a una condena. Se trata de una decisión que permite continuar el proceso cuando el tribunal considera que existen fundamentos para someter la acusación al conocimiento de un tribunal de fondo.
Un séptimo señalado permanece prófugo
Además de los seis hombres enviados a juicio, las informaciones publicadas sobre el expediente indican que un séptimo señalado, identificado como Erik Castro Álvarez, quien también aparece referido con otros nombres o alias, permanece prófugo.
Su situación es distinta de la de los seis procesados que comparecieron en el procedimiento judicial y respecto de los cuales se dictó el auto de apertura a juicio.
La condición de prófugo atribuida a esta persona forma parte de los datos difundidos sobre la investigación. Cualquier actuación judicial posterior relacionada con ella deberá ser confirmada mediante información oficial de las autoridades competentes.
Próxima etapa: conocimiento del juicio de fondo
Con el auto de apertura a juicio, el expediente deberá pasar al tribunal competente para conocer el fondo del caso, donde se presentarán y examinarán las pruebas, se escucharán los testimonios y las partes podrán sostener sus respectivas posiciones.
Durante esa fase, el Ministerio Público tendrá que demostrar los hechos que atribuye a los acusados y la participación individual que sostiene respecto de cada uno. Las defensas, por su parte, podrán controvertir las pruebas y presentar los argumentos que consideren pertinentes.
Al finalizar el proceso, el tribunal deberá emitir una decisión fundamentada en las pruebas debatidas durante el juicio y en las disposiciones legales aplicables.
Mientras tanto, cinco de los imputados continuarán en prisión preventiva y el sexto permanecerá sujeto a las medidas de coerción impuestas por la jueza.
El avance del caso mantiene la atención sobre la respuesta del sistema de justicia ante las denuncias de violencia sexual y sobre la importancia de garantizar investigaciones rigurosas, protección para las víctimas y respeto al debido proceso.
La decisión de enviar a juicio a los seis procesados abre una nueva fase en la búsqueda de una respuesta judicial sobre los hechos denunciados en Villa González, cuya responsabilidad penal deberá establecerse a través de una sentencia dictada por el tribunal competente.