A prisión dos mujeres implicadas en tráfico de menores hacia las islas de Tórtola y Dominica
El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a las imputadas. El Ministerio Público identificó a tres adolescentes como presuntas víctimas de una red que habría utilizado documentos de identidad falsos para sacarlas del país.
SANTO DOMINGO.– Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres imputadas por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico de menores de edad desde la República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica, mediante el uso de documentos de identidad presuntamente falsificados.
Las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal, conforme a la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
En el mismo proceso, el tribunal impuso a Yaribel Cristina Esquea una garantía económica de RD$50,000, mediante una compañía aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. El caso fue declarado de tramitación compleja, debido a las características de los hechos investigados.
La solicitud de medidas de coerción fue presentada por representantes del Ministerio Público, encabezados por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a integrantes de esa dependencia y de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
Identifican a tres adolescentes como presuntas víctimas
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, las autoridades han identificado hasta el momento a tres adolescentes de entre 14 y 16 años que presuntamente habrían sido víctimas de la estructura investigada.
Las menores permanecen bajo cuidado y protección de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que fueron trasladadas y determinar la posible participación de otras personas en los hechos.
El expediente señala que la investigación fue desarrollada por la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
Las pesquisas se centran en la presunta utilización de identidades ajenas para obtener documentos de viaje y facilitar la salida irregular de adolescentes hacia destinos del Caribe.
Detectan irregularidades en el Aeropuerto Internacional de Las Américas
Uno de los acontecimientos que dio lugar a la investigación ocurrió el 8 de octubre de 2026, cuando Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), acompañada de dos adolescentes que supuestamente viajarían hacia la isla de Tórtola y posteriormente a Dominica.
Según el expediente, durante el procedimiento de inspección fueron presentados varios permisos de salida de menores. Al verificar la documentación, un inspector migratorio detectó irregularidades en uno de los permisos, que presuntamente era falso.
La situación motivó el traslado de la mujer y las adolescentes a la sala de investigación migratoria del aeropuerto, donde las autoridades iniciaron las comprobaciones correspondientes.
Durante las entrevistas, los investigadores advirtieron que las adolescentes se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como ciudadanas dominicanas. Esta circunstancia llevó a profundizar las verificaciones sobre sus identidades y la autenticidad de los documentos.
De acuerdo con la investigación, Pimentel manifestó que no conocía a las menores y que otras personas, a quienes dijo tampoco conocer, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. Posteriormente, fue arrestada en flagrante delito, según el relato contenido en la solicitud del Ministerio Público.
Investigan el uso de identidades ajenas para obtener pasaportes
Las autoridades profundizaron las pesquisas y obtuvieron una certificación de la Dirección General de Pasaportes sobre los documentos utilizados por las adolescentes.
Según el expediente, los pasaportes habían sido emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026 mediante el uso de registros de nacimiento correspondientes a adolescentes dominicanas, hijas de padres residentes en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.
El Ministerio Público sostiene que esos datos habrían sido utilizados para hacer pasar a las víctimas por hijas de otras personas y facilitar la obtención de documentos oficiales para viajar fuera del territorio nacional.
En cuanto a Yaribel Cristina Esquea, la investigación establece que presuntamente recibió una oferta económica para facilitar los datos personales de sus hijas, con el propósito de utilizarlos en la tramitación de pasaportes para otras adolescentes. Según el expediente, habría aceptado la propuesta.
Asimismo, las autoridades atribuyen a Cristian del Carmen Rosario Rodríguez una presunta participación en las gestiones para sacar del país a una de las menores, a cambio de una suma de dinero.
Estos señalamientos forman parte de la investigación presentada por el órgano acusador y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Ministerio Público profundiza las investigaciones
El Ministerio Público investiga posibles delitos de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y suplantación de identidad, presuntamente cometidos mediante el traslado aéreo de menores y el uso de documentos falsos.
La declaración de complejidad del caso permitirá que las autoridades continúen las diligencias destinadas a establecer cómo operaba la estructura, identificar a otros posibles involucrados y determinar si existen más víctimas.
Los investigadores también procuran establecer quiénes habrían facilitado los documentos, coordinado los traslados y participado en las gestiones para que las adolescentes pudieran abandonar el país.
La investigación involucra a varias instituciones responsables de la persecución penal, el control migratorio y la protección de menores, en un esfuerzo por esclarecer los hechos y evitar que las víctimas queden expuestas a nuevas situaciones de riesgo.
Mientras avanzan las pesquisas, las tres adolescentes identificadas permanecen bajo protección de las autoridades.
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de los controles migratorios y de la verificación rigurosa de los documentos utilizados para viajar con menores de edad, especialmente cuando existen inconsistencias entre la identidad declarada y la información obtenida durante las inspecciones.
Las dos mujeres que recibieron prisión preventiva permanecen sometidas al proceso judicial en calidad de imputadas, mientras que la tercera deberá cumplir las medidas impuestas por el tribunal. La responsabilidad penal de cada una deberá establecerse conforme a las pruebas y a las decisiones de los tribunales competentes.