Tribunal revisa este jueves prisión preventiva de Santiago Hazim y otros imputados en caso SeNaSa
Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer este jueves 5 de noviembre la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el proceso por un presunto fraude contra el Estado que supera los RD$15,000 millones.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será encabezada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien deberá evaluar si existen razones para mantener o modificar la prisión preventiva que cumplen los principales acusados.
Además de Hazim, figuran entre los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los procesados permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público. Otros vinculados al expediente enfrentan medidas de coerción diferentes, entre ellas arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
La revisión se produce después de que el tribunal conociera anteriormente otros procedimientos relacionados con las medidas cautelares. En agosto pasado, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva de los principales imputados durante una revisión obligatoria.
Prórroga para completar las investigaciones
En septiembre, el juez Deiby Timoteo Peguero concedió al Ministerio Público cuatro meses adicionales para concluir las pesquisas y presentar la acusación formal contra Hazim y los demás procesados. El plazo fue extendido hasta el 11 de diciembre.
El órgano acusador explicó que todavía debía completar varias líneas de investigación, analizar cientos de miles de operaciones y examinar aproximadamente 15,000 cajas de documentos recuperadas durante las diligencias.
La investigación surgió tras denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en SeNaSa, que habrían permitido el desvío de recursos públicos mediante diferentes mecanismos fraudulentos.
Según la tesis del Ministerio Público, el supuesto entramado habría utilizado facturaciones por servicios médicos no realizados, reclamaciones irregulares, manipulación de documentos y pagos ilícitos a prestadores de servicios de salud.
Las autoridades atribuyen al caso un perjuicio económico superior a los RD$15,000 millones, aunque las responsabilidades individuales deberán ser establecidas durante el proceso judicial.
La audiencia de este jueves representa una nueva etapa en el control judicial de las medidas de coerción, sin que su celebración implique una decisión definitiva sobre la culpabilidad de los imputados.