Justicia

Imponen tres meses de prisión preventiva a Giancarlo Tejeda por presunto abuso sexual contra su sobrina

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, imputado de presunta agresión sexual contra su sobrina, una bebé de 11 meses, así como de otros delitos relacionados con material de contenido sexual infantil.

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La decisión fue adoptada este martes 17 de noviembre por el juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que considera necesario mantener al imputado bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y se recopilan los elementos probatorios relacionados con el caso.

Investigación comenzó tras videos difundidos en TikTok

De acuerdo con las informaciones del expediente, la investigación se inició luego de que agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética detectaran varios audiovisuales publicados en la red social TikTok, desde una cuenta identificada como «Carlos Tejeda».

En los videos, el hombre aparecía sosteniendo a la menor mientras realizaba comentarios de contenido sexual, situación que motivó las investigaciones de las autoridades.

A partir de estas publicaciones, los agentes realizaron labores de ciberpatrullaje y otras diligencias para identificar al responsable de la cuenta y determinar las circunstancias en que se habrían producido los hechos.

Posteriormente, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento, con el propósito de localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otras evidencias que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

Familiares identificaron a la menor en los audiovisuales

Entre los elementos incorporados a la investigación figura la denuncia presentada por el padre de la bebé, quien reconoció a su hija en uno de los videos que circulaban en las plataformas digitales.

El expediente también recoge declaraciones de la abuela materna, quien informó a las autoridades sobre las circunstancias relacionadas con el entorno familiar en el que habrían ocurrido los hechos.

Según las informaciones ofrecidas por la representación legal de los padres, la familia tuvo conocimiento de los audiovisuales después de que estos comenzaron a circular en las redes sociales.

La abogada Lissette Arias Abad, representante de los progenitores de la menor, explicó que sus clientes quedaron profundamente afectados al conocer el contenido de las publicaciones y decidieron acudir ante las autoridades para denunciar la situación.

Audiencia había sido aplazada

El conocimiento de la medida de coerción estaba previsto inicialmente para el domingo 15 de noviembre, pero fue aplazado a solicitud de la defensa pública, que pidió tiempo adicional para reunir documentos y preparar sus argumentos.

El tribunal acogió la petición y fijó la continuación de la audiencia para este martes, cuando finalmente se conoció la solicitud del Ministerio Público.

Durante el proceso, las autoridades presentaron los elementos recopilados en la investigación, entre ellos registros audiovisuales y un informe técnico elaborado por la Policía Cibernética.

Proceso continuará bajo investigación

Con la imposición de los tres meses de prisión preventiva, el Ministerio Público continuará desarrollando las diligencias investigativas para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La identidad de la menor se mantiene bajo reserva, conforme a las disposiciones de protección de niños, niñas y adolescentes que figuran como víctimas en procesos judiciales.

El caso ha generado preocupación e indignación por la naturaleza de las acusaciones y ha reavivado el debate sobre la protección de la infancia frente a los delitos sexuales y la utilización de plataformas digitales para difundir contenidos de carácter ilegal.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no representa una condena definitiva. Corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal del imputado conforme avance el proceso judicial y se conozcan las pruebas.

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