República Dominicana extradita a Puerto Rico a dominicano requerido por la Justicia
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), completaron el proceso de extradición hacia Puerto Rico del ciudadano dominicano Ramón Martínez, también identificado como “Ramón Arturo Ortega Concepción” o “El Negro Amante”.
La entrega fue realizada en cumplimiento del decreto que autoriza su extradición y forma parte del procedimiento establecido para poner al imputado a disposición de las autoridades judiciales de Puerto Rico.
El proceso se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), donde Martínez permaneció bajo custodia de las autoridades dominicanas antes de ser transferido a agentes estadounidenses.
Tras completarse los trámites correspondientes, los agentes de la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos asumieron la custodia del ciudadano dominicano y abordaron junto a él un vuelo comercial con destino al territorio puertorriqueño.
Una vez en Puerto Rico, Martínez será puesto a disposición de las autoridades judiciales de esa jurisdicción, que deberán continuar con el proceso relacionado con los cargos por los cuales es requerido.
La extradición se ejecutó mediante la coordinación entre las instituciones dominicanas responsables del procedimiento y los agentes estadounidenses encargados de recibir al imputado.
Este tipo de procesos requiere el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas establecidas para la entrega de personas reclamadas por autoridades judiciales extranjeras.
La participación de la PGR y la DNCD, junto con el apoyo de los U.S. Marshals, permitió completar el traslado desde República Dominicana hasta Puerto Rico conforme a la autorización emitida para su extradición.
Las autoridades no ofrecieron en la información suministrada detalles adicionales sobre los hechos por los cuales Martínez es requerido en Puerto Rico.
Con la llegada del imputado a territorio puertorriqueño, corresponderá a las autoridades judiciales de esa jurisdicción continuar el proceso conforme a las leyes aplicables.